sábado, 2 de mayo de 2009

EL IMPACTO DE LA TRANSPARENCIA Y EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LA SOCIEDAD MEXICANA.

EL IMPACTO DE LA TRANSPARENCIA Y EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LA SOCIEDAD MEXICANA.

Por Baudel Martínez Martínez.



El Derecho de acceso a la información pública constituye sin duda alguna, una herramienta de una incalculable eficiencia en la considerable y necesaria disminución de los niveles de corrupción que han enfermado desde siempre a la administración pública en México. Para ello, es necesario que cada mexicano se entere que existe un mecanismo que está a su servicio, para que permanentemente pueda vigilar cada movimiento gubernamental susceptible de ser transparentado. Ello traerá como consecuencia también, la creación una nueva generación de mexicanos que llevarán su opinión, hacia horizontes iluminados por la verdad de la información.

Este modesto ensayo, gira en torno a las siguientes ideas:

Desmitificación
Monitoreo
Publicidad
Efectividad
Sustitución
Construcción.

Es por todos conocido que hasta no hace muchos años, en México, el acceso a la información relativa a la actividad de las dependencias gubernamentales era algo realmente ilusorio, de hecho, todas las generaciones de mexicanos, desde la post guerra independentista hasta nuestra época, jamás concibieron la posibilidad real de que existiera una apertura de los gobiernos a la cultura del acceso a la información que generan en su diaria actividad. Tuvo que pasar sexenio tras sexenio antes de que viera la luz en nuestro país un instrumento jurídico mediante el cual, y con determinadas restricciones, la población pudiera examinar la actividad del sistema.

En épocas anteriores, lo más que se podía saber de las altas esferas de la administración pública, era lo que la prensa (casi siempre de manera servilista) dejaba translucir a capricho de un presidencialismo que parecía indestructible. Ello se traducía en que la población permanecía en las tinieblas respecto al conocimiento del manejo de los recursos y de la información, sin más remedio que confiar en las autoridades y esperar que éstas hicieran lo que a los intereses de la nación conviniera.

Por fortuna, la sociedad mexicana en las últimas décadas paulatinamente se ha vuelto más crítica, las realidades sociales se aprecian de manera distinta, ahora exige más a sus autoridades como responsables de los destinos de la nación y exige información detallada de la aplicación de los recursos sustraídos al pueblo para la consecución de ese fin. Con el decurso de los años, el pueblo mexicano ha encontrado que el presidencialismo actual, ha ido perdiendo su capacidad de ocultamiento de la información de interés general, y que es tal su debilitamiento al respecto, que apenas y se distingue dentro de otros factores reales de poder con los que tiene que compartir tanto el escenario nacional como la responsabilidad de rendir cuentas a los gobernados. Es así como nace a la vida jurídica el derecho de acceso a la información pública en México, a través de la llamada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuyas características serán consideradas en este trabajo relacionadas con el ejercicio de tal derecho por parte de los ciudadanos.

En esta tesitura, he de iniciar un modesto y somero análisis del génesis del derecho a la información en nuestro país, así como el impacto que ha tenido en la sociedad mexicana y el que se estima debe tener en el largo plazo. También es menester considerar las variaciones que deberá sufrir el hasta ahora insuficiente acceso a la información pública gubernamental en el Estado Mexicano.

Sin duda debemos comenzar por asediar el concepto de “acceso a la información pública” para entender algo de su significado y posterior a ello indagar sobre su impacto en la sociedad mexicana contemporánea.

Así tenemos que el acceso a la información involucra varias cosas: Primero, hay que entender que se trata de una herramienta y un derecho que consagrados en la Carta Constitucional mexicana, tiende a hacer factible que exista una vía propia para que la población esté monitoreando constantemente la actividad de las dependencias públicas, ya sean federales o locales. De ello se colige que se trata de un derecho público subjetivo que se traduce en la potestad que tiene el gobernado de solicitar de los órganos del Estado, aquella información que, respetando las condicionantes de la legislación secundaria, sea propia de la actividad de aquellos y cuyo conocimiento y transparencia sea de interés general, tal prerrogativa instituida en dichos términos a favor de la ciudadanía estatrá plenamente garantizada por el mismo Estado, según se ordena en el artículo 6 de la Constitución general.





En segundo lugar, tal derecho a estar informado debe tener una finalidad específica, no es solo saber por saber, de lo contrario carecería de sentido común el ejercicio de este derecho. Decía líneas atrás que sirve para construir niveles de crítica mucho mayores, sin embargo también tiene una utilidad determinante: Puede reducir considerablemente los índices de corrupción en las élites gubernamentales al no poder esconder del ojo social aquellas acciones que sean susceptibles de ser transparentadas, en ello estriba una buena parte del impacto real de este instrumento jurídico al servicio de los ciudadanos y cuyo ejercicio está a su alcance inmediato. No hay que perder de vista que la corrupción, que en no poco es provocada por presiones tanto nacionales como internacionales, es un cáncer social de una raigambre gestada casi a la par del nacimiento de México como Estado independiente, que afecta y amenaza su estabilidad. De los males que acarrea a los pueblos la desinformación del poder público, nuestra América Latina es un excelente muestrario.

En nuestro caso, provoca que la imagen que se proyecta hacia el exterior sea degradante al no poder contrarrestar los destructivos efectos que conlleva el no conducirse con arreglo a la ley. Dentro del país, se alimenta el estado de ignorancia que impide la indispensable cognición jurídico política.


Esto nos lleva también a especificar el término “Transparencia”, entendido éste como la cultura que debe generarse en el corto, mediano y largo plazo en nuestro país, hasta convertirse en el icono que identifique la actitud del ciudadano mexicano moderno relativa al uso intenso y sensato del derecho que la ley consagra en su favor para acceder a la información que es propia de las instituciones que están a su servicio.

Es cierto, la primera vez que asomó al escenario de los discursos políticos el tema del derecho a la información fue en el sexenio de José López Portillo, época en que el priato aun mostraba una longevidad que no era nada fácil predecir su fin. De ello se deduce necesariamente que cualquier intento de llevar a la realidad la herramienta jurídica necesaria para materializar aquel derecho, pasaría obligadamente por la conveniencia para el sistema de que tal prerrogativa ciudadana tuviera lugar. Así pues, tuvieron que pasaron tres sexenios más (hasta que el régimen priísta desapareció, al menos de la más alta magistratura del país, trayendo como consecuencia que la sociedad mexicana diera uno de los primeros pasos necesarios en la construcción de una democracia real, a saber: la alternancia en el poder) antes de que se volviera a retomar el tema con seriedad estadista, es decir, que comparados con otros países México se quedó muy atrás en la implementación de una ley de transparencia, lo que nos ubicaba como uno de los pocos países que aún no contaban con una legislación apropiada en la materia, considerando que el primer antecedente de la transparencia informativa en el mundo surgió en Suecia en el año de 1766 y en el caso de Latinoamérica en Colombia en 1888.

Fue así como luego de hacer interminables estudios, conferencias, análisis y demás, apareció la llamada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el diario oficial de la federación en junio de 2002. Nuestro tema de interés relativo al impacto que esta norma trae con relación a la sociedad mexicana que es su destinataria, comienza en este punto.

Es necesario reconocer una gran realidad en nuestro medio: El dramático desconocimiento del derecho de acceso a la información y el desmedido desinterés de la población en hacer uso efectivo de ese derecho que en su favor establece la Constitución, ya sea porque sencillamente se ignora su existencia o conociéndola no se considera que pueda ser viable y confiable su ejercicio. Ello se explica si consideramos que en la historia de esta nación, jamás se habló de un concepto semejante, todo era secreto de Estado, secreto escondido en los escritorios de la prensa y de las dependencias gubernamentales, secreto del partido en el poder, de los cacicazgos impunes y de las redes de políticos y politiquerías que hundían sus raíces muy profundamente en la ignorancia de nuestro pueblo, y consiguieron anestesiarlo con pequeñas dosis de benevolencia mediante raquíticos programas de asistencia social, con la mezquina intención de que se abstuviera de cuestionar cualquier acto concerniente al ejercicio del poder. No se puede negar con durante largo tiempo cumplieron su cometido.

Ello trajo como consecuencia la gestación de toda una cultura de la desinformación y en no poco, de resignación. Todo se volvió un juego adivinatorio que permeaba incluso a algunos sectores de las administraciones que estaban obligados a alinearse a los altos intereses de la clase gobernante. La nación asistió entonces al nacimiento de una generación de supuestos analistas políticos que en el mejor de los casos no hacían más que hacer uso de una imaginación ilimitada que siempre culminaba con culpar al régimen de las calamidades que azotaban al país, pero nunca se ocuparon de pugnar por un acceso real a la información que les permitiera empapar de realidad sus conjeturas. Se limitaban a leer las situaciones con el ánimo de un tarotista político, y así fue llevado a buena parte de la prensa (único personaje que tenía la oportunidad de acercar a las masas a la interlocución objetiva con el gobierno) que casi nunca se proponía ser independiente de su principal cliente: El régimen del PRI. No obstante ello, con el tiempo, algunos sectores de la prensa nacional lograron desarrollar sesudas ideas con respecto a la orientación del movimiento del país al estar más en contacto con la realidad que conocían directamente de sus generadores.



Podemos entonces concluir de ello, que no hubo una intención real de la ciudadanía de establecer un mecanismo, un puente de acceso a la información pública que estuviera muy por encima del férreo control del gobierno en turno (porque cada sexenio se caracterizaba por el manejo diferente de la información que por alguna razón llegaba al conocimiento popular. Aunque el fin era el mismo, es decir, el ocultamiento o desfiguración de la información, el método para lograrlo siempre era diferente), por lo que terminó por enraizarse aquella actitud social tendiente a no ocuparse del asunto, a no interesarse en la información de la administración pública, porque de todos modos nada cambiaría. Así pues frases como “para que me intereso si de todos modos todo seguirá igual” o bien, “para qué pregunto si de todos modos nadie me va escuchar, con el gobierno nadie se mete”, encontraron terreno fértil en el grueso de la población, quien se aseguró de que permanecieran intactas, hasta que tuvo lugar la referida ley y puso de manifiesto que la infalibilidad y la invulnerabilidad de que gozaban los gobiernos podía ser cuestionada mediante un derecho constitucional.

De ello se colige que, el impacto que en la estimación de quien esto escribe, debe tener en la sociedad mexicana el ejercicio del derecho de acceso a la información, indefectiblemente debe orientarse primero a la destrucción de toda clase de mitos y realidades que rodean a la información que genera la administración pública de cualquier régimen y partido, para que así se pueda dar paso a un interés factible en el tema. Para ello, hay que admitir que somos una sociedad que satisface su apetito informativo alimentándose básicamente de mitos que van desde lo más ridículo hasta aquellos que pudieran contener algo de veracidad; así pues, no escasean aquellos que siguen afirmando que las riendas de este país aún están bajo el control dictatorial de Salinas de Gortari, (Es verdad que este icono de las últimas glorias priístas sigue siendo un personaje central en el proscenio de la política nacional, mas es de dudarse que con la pulverización de la ideología política causada principalmente por las argucias de los partidos políticos, pudiera el ex presidente manejar a su antojo los destinos de la nación desde el “auto exilio”) o bien aquellos que se dejan engañar por las cortinas de humo que actúan como distractores de la atención de los ciudadanos críticos y que sirven para ocultar información clave emanada de las oficinas gubernamentales.

Se tiene que arribar a esa desmitificación mediante un proceso que debe iniciar como ya mencionaba, con la destrucción de esa conciencia generalizada relativa a la inutilidad de aterrizar un derecho efectivo de acceso a la información pública, debido principalmente al control que sobre la misma ejercen los gobiernos de los tres niveles. Debe desmantelarse paulatinamente el andamiaje cuidadosamente creado por la historia de la política del antiguo régimen para crear y mantener adormecida a la mediocridad informativa.

Este escenario social que así se consiga, es un elemento consubstancial al derecho público subjetivo de acceso a la información, sin ello no se explica ni puede aspirarse objetivamente a su consagración total. Para conseguir tan elevado y noble fin, hay que valerse del poder de los medios de comunicación como emisarios de la existencia y practicidad del sistema que sirve para escudriñar la actuación de las diversas dependencias que integran la administración pública tanto federal como las locales. Puede advertirse que ese periodo de catarsis tomará mucho tiempo, por lo cual deben intensificarse las acciones hasta ahora adoptadas para la consecución de esa finalidad, para que después de ello, se pueda crear una cultura del derecho de acceso a la información de uso intensivo, como ya ocurre en no pocos países del globo.

Por otro lado, también resultaría de gran utilidad sustituir el recalcitrante interés que las personas invierten en creer en la veracidad de lo que se percibe en una pantalla de televisión, es decir, que si no se transmite en televisión de modo que todos puedan verlo, entonces carece de validez. Buen ejemplo de ello lo es la frenética cultura de los “video escándalos” que tanto atraen la atención popular y que se tiene la falsa creencia que llevados a los excesos, tienen un gran poder devastador en los grupos de poder en nuestro país, lo cual desde luego no es así, pues en la gran mayoría de las veces a lo más que se llega es al sacudimiento, escarnio y exposición de “pequeñas cabezas” y la tan acostumbrada simulación de decisiones importantes, luego las aguas vuelven a su cauce y los implicados vuelven a las andadas aunque plazas diferentes, generando con ello una clase de políticos “reciclables”, y al final de todo eso, la información sigue en la oscuridad. No debemos olvidar que el político mexicano de cualquier nivel, es un artista del escapismo, altamente adiestrado para ocultarse de la luz pública cuando se ve amenazada la secrecía de las operaciones que realiza bajo el escritorio de alguna oficina pública, y que sacrificará cualquier cosa o a cualquier persona, antes que verse en la necesidad de admitir la rendición de cuentas.

Lo que se pretende es pues, sustituir ese ánimo volcado hacia lo videograbado, por el interés en solicitar información confiable a través del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, que es el órgano del Estado erigido para concretar en la realidad los máximos alcances el derecho que nos ocupa. Si ello se consigue la consecuencia inmediata sería que progresivamente se dejaría de ser una asidua sociedad consumidora de probables manipulaciones informativas y se generarían las condiciones para que las administraciones no puedan maquillar datos que sean susceptibles de ser transparentados. Sustituyamos pues la “politización de la información” por la ciudadanización de la información, pues politizar algo en México, frecuentemente significa sustraer ese algo del alcance de la ley y la acción de la justicia, para trasladarlo a las calles, a las notas de más alto impacto de los noticieros, al campo de cultivo de los denuestos y el escarnio público, con la execrable consecuencia de que toda clase de personajes (desde políticos, lideres religiosos, sindicales, organizaciones no gubernamentales etc.) tienen el desatino de verter opiniones y juicios de valor desde la interminable noche de ignorancia supina de las cosas en que se vive, sin más consecuencia que el pronto abandono de la causa juzgada ante el surgimiento de otra mucho más prometedora para aquellos que buscan desesperadamente satisfacer el apetito de destrucción política que ha anidado desde tiempo inmemorial en las masas, relegadas a la manipulación que es propia en los pueblos que sobreviven en las penurias de la ausencia de información y la falta de un criterio objetivo.

Pero no solo deberá llegar al ánimo de las conciencias populares la cultura del ejercicio del derecho de acceso a la información, sino a todo aquel ciudadano, sin importar su condición social, religión o trabajo que realice. La información relativa al ámbito gubernamental debe permear a todos los niveles (se sabe que actualmente la gran mayoría de las solicitudes de información al Instituto referido provienen de la capital y sus alrededores, principalmente de dependencias de gobierno como parte de sus funciones, instituciones académicas, en algunos casos de medios de comunicación y en raras ocasiones de los particulares). No faltará quien oponga resistencia a ello arguyendo que la principal causa del desconocimiento y ausencia de interés en materia de información pública, tiene su origen en una precaria educación jurídica de las masas en lo general, lo que sin duda y para nuestra desgracia, es una inobjetable verdad. Empero, a ello yo respondería que en el tema que ocupa mi atención, el sistema en lo general está bien estructurado, es decir: bajos costos, plazos razonables y una amplitud de información que, aunque susceptible desde luego de mejorarse, es de suma utilidad en este relativo nuevo derecho, y que no se hace imprescindible buscar primero una sana educación jurídica popular, pues solo se tiene que dar una adecuada publicidad que excluya aquellos aspectos legales (Me refiero desde luego a peliagudos tecnicismos jurídicos que, además resultan ser considerablemente reducidos) que puedan llegar a confundir a los solicitantes, cuando mucho, solo habría que hacer una mayor y mejor publicidad respecto de temas obligados como lo son: Aquella información que es susceptible de ser transparentada, los plazos y modalidades de entrega y de la interposición de recursos en caso de negativa injustificada de atender alguna solicitud, así como la información que por su naturaleza deba permanecer en secreto por el tiempo estrictamente necesario y las razones que así lo exigen; todo ello generaría un acceso rápido, práctico y objetivo a la información. Por lo demás, todo puede operar sin cortapisas, sin embargo, sigue siendo necesario facilitar aún más el acceso a la información a los ciudadanos que aún no conocen el sistema.

Ciertamente es de admitirse que aun se vive la infancia de la cultura de la información en México, y que se requiere tiempo y la experiencia necesarios para poder afirmar sin mentir, que se practica a plenitud. Sin embargo deben sembrarse desde ahora las semillas que al germinar generen las condiciones necesarias para llegar a ello en el tiempo que se necesite, tampoco es cosa de acelerar el proceso indebidamente, recordemos el adagio tan conocido en el medio jurídico: “El tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su consentimiento”.

Recordemos que en México, el derecho referido está elevado a la categoría de garantía individual que en un futuro no muy lejano deberá estar enraizada en el ideario colectivo y tenérsele en la misma estima que las libertades de prensa, de tránsito, de trabajo y cualquier otro bien jurídico de los que gravitan bajo la égida del Supremo Código Político mexicano y que éste les reconoce a las personas. No es un accidente legislativo, es una conquista estrictamente político-democrática, que de llegarse a una correcta utilización, constituirá un instrumento de amplia eficacia en el permanente monitoreo de la actuación de la maquinaria estatal, que sin duda derivará en que los niveles alarmantes de corrupción que desde siempre han arrinconado a nuestro país, ya no puedan germinar hasta que gradualmente (pues sería imposible que desaparecieran por completo) con la tan anhelada transparencia en los actos de gobierno, reduzcan sensiblemente sus consecuencias negativas.

Sin duda alguna, otro de los aspectos a considerar en la argumentación para convencer a las masas de utilizar este derecho, es que sirve para fortalecer considerablemente a la sociedad, pues permite extender su participación mas allá de las campañas políticas y movilizaciones de protesta, así como del día de las elecciones, traería ello como consecuencia que se convertiría en un factor de poder real de indispensable consideración a la hora de que los gobiernos tomen una decisión, de modo tal que ya no se sea un simple espectador de los acontecimientos o el público que presencia los ardides de los actores políticos, sino un contrapeso fáctico que provoque que aquellos se vean en la necesidad de meditar detenidamente sus decisiones al saberse vigilados en todo momento por el destinatario de sus acciones: el pueblo; pero el pueblo debidamente informado, que ha dejado de ser fácilmente engañado mediante el escamoteo de la información que se volvió costumbre de Estado en este país.

Al materializarse esas consecuencias, traerá consigo que la visión que los mexicanos tienen hasta ahora de sus gobernantes y sus aliados, cambie radicalmente. Ello impactará necesariamente en el voto otorgado a tal cual partido, y con ello, el tipo de gobierno que tiene en sus manos la responsabilidad de guiar el rumbo del país, podrá construirse desde sus cimientos, con la presencia de los ciudadanos modernos que exigen cuentas al sistema.

En medio de todo esto, es necesario dejar en claro que, no sólo en los grandes centros poblacionales en los que se tiene acceso a la tecnología necesaria para acceder a la información (como en el caso de la internet que a través de la página que sirve para la entrega de la información, en las ciudades es imprescindible) deben ser los únicos que por esa razón, puedan ejercer ese derecho. Buena idea estadista sería que los gobiernos acercaran unidades de enlace y la asesoría adecuada a las zonas de difícil acceso que tanto abundan en el México moderno, allí donde aún se pueden encontrar sobrevivientes de las etnias indígenas y pequeños poblados de campesinos; hay que facilitar a estos grupos vulnerables las condiciones para que también ellos puedan ejercer el derecho que en su favor consagra la carta magna. Porque semejante derecho no puede ser privativo sólo de ciertos sectores de la población por razones de esa índole. Las administraciones deben acercar la información tanto como les sea posible también en las grandes urbes, porque allí también existen grupos vulnerables que al no resultar rentables para el sistema se ven reducidos a la marginación, sin embargo, ello no debe ser un óbice para que también realicen solicitudes de información que invariablemente deban ser atendidas.

No debe soslayarse que para llegar a esta realidad, es decir, que esta generación de mexicanos pueda ver la luz de un ejercicio pleno del derecho de acceso a la información tal como lo he venido planteando, demanda una suma de esfuerzos sin precedentes en este país. Porque si bien es cierto, ha habido ya ciudadanos interesados en sobremanera en promover el ejercicio de este derecho, al ser intentos aislados traen como consecuencia resultados insuficientes al no encontrar el apoyo generalizado, al cual solo se puede aspirar si los legitimados nos convencemos de los beneficios que reportaría a nuestro país la concreción de una cultura de la información. Los diversos grupos o asociaciones civiles tales como universidades, organizaciones no gubernamentales, sindicatos etc., deben sumar esfuerzos hasta formar un frente común con una fuerza lo suficientemente considerable para atraer la atención del resto de los ciudadanos y así entre todos, discurrir sobre el rumbo que ha tomado y el que debe tomar la transparencia y rendición de cuentas en nuestro país. No debe desanimar el hecho de que, toda la preconización mediática relativa al acceso a la información, hasta ahora ha sido insuficiente, y que la posma con que avanza el ejercicio de este imprescindible derecho en las democracias modernas, pareciera que no permitirá que el pueblo deje de estar en la inopia.

A manera de resumen, solo anotaré que hace ya mucho tiempo que era hora de que existiera este real acceso a la información pública, es por ello que no podemos permitir su anquilosamiento. Solo falta que la ciudadanía se entere, primero, de que existe, luego, que el sistema para el acceso a la información está diseñado para operar con simpleza, y después, y desde luego que aquí estriba la dificultad que debe ser superada y es el enemigo a vencer, que se convierta en una costumbre de vida del ciudadano mexicano del siglo XXI, con el único prurito de llegar a una higienización en la administración pública que elimine viejos hábitos y que permita que pueda ser cuestionado de manera objetiva, el proceder del gobierno, en su papel de responsable de procurar a su pueblo, el alcance de un mejor presente.

Así concluyo este modesto trabajo, reafirmando aquella idea que campea y señorea en todos los buenos intentos de los visionarios que luchan por materializar la transparencia informativa en el mundo: “Información es poder.”