INSEGURIDAD PÚBLICA, LEY, GOBIERNO Y SOCIEDAD.
Por Manuel Mortero.
Por Manuel Mortero.
Sun Tzu ha dicho: La finalidad de toda guerra es la victoria, si tarda demasiado en
llegar, las armas se embotan y la moral decae.
El salvajismo urbano, o si se prefiere llamársele inseguridad pública, (si lo que se quiere es atenuar significativamente los execrables agravios que este cáncer urbano ha desgranado en todo el país) está alcanzando y conservando niveles más allá de lo alarmante, una vez que ha desatado violencia y muerte por doquier, parece no tener fin, por lo contrario, el desánimo cunde si se piensa en que apenas es el comienzo de una larga e ignominiosa etapa del pueblo mexicano, otra más, aunada a épocas de agitación política como la posrevolución, la represión estudiantil, los desplomes económicos, el salinismo, etc., otra más para el siempre inestable y sombrío entorno del pueblo mexicano, históricamente azotado por tanta plaga política y social y avasallado por innumerables intereses nacionales y extranjeros.
En épocas no muy distantes, sin que se quiera evocar nostalgias absurdas que pretendan beatificar lo inexistente, como resultaría ser un México de mitad de siglo pasado sin violencia, el fenómeno de la delincuencia era en sí mismo, convencional, relativamente ordinario, o nada que no se presentara en cualquier otra sociedad similar, con una explosión demográfica en ascenso, desempleo y economías inestables. No se dice con ello que hubiere sido delincuencia menor o que las lesiones a bienes jurídicos hubieren sido de menor importancia, pero sí que sus mecanismos, objetivos y efectos nunca superaron la capacidad de asombro de los mexicanos, la naturaleza de los delitos que se cometían en México se tenía perfectamente prevista y en cierto modo controlada, o al menos se asumía que había aspectos que escapaban al interés del control gubernamental carentes de trascendencia tanto jurídica como política, se hablaba más de corrupción en el gobierno, de los ataques planeados desde oficinas gubernamentales clave contra la libertad de expresión, entre otras cosas, pero siempre se hablaba más de ello que de hecatombes callejeras. De algún modo los regímenes represivos del pasado tenían el efecto de atemorizar a quien pretendía dedicarse al crimen habitualmente, se dice así porque el concepto “delincuencia organizada” si bien ya existía en la constitución desde la primera mitad del siglo pasado, su uso frecuente y dramático es relativamente nuevo y sobre todo, fue acuñado por la fauna política actual y la prensa moderna y con todo ello aterrizado en la legislación federal en 1996 con la llamada Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
En este asunto, se pueden observar desde luego, múltiples causas, entre muchas otras: Elevados índices de desempleo, falta de capacitación y equipo en la gran variedad de cuerpos de seguridad, corrupción a gran escala, aumento del uso de modernas tecnologías como el internet, etc., todas han sido alimentadas por sectores de la población (y contrario a lo que se acostumbraba suponer al respecto en el siglo pasado no son necesariamente sectores marginales los que más se encuentran inmersos en el fenómeno) que presurosos se adhieren a grupos dedicados a experimentar el mezquino placer de contrariar toda regla de convivencia pacífica y jurídica, incluso en algunos casos porque no tienen más remedio que delinquir y así procurarse los medios necesarios para la supervivencia, que sería un primer paso, que al superarlo siempre se va mas allá al notar la ausencia de consecuencias negativas considerables, y en otros porque nada tienen que perder y se dejan seducir por un poderío económico aparentemente de fácil acceso, asumiendo como un precio a pagar para alcanzarlo, que se puede perder la libertad, o en el peor de los casos, la vida. Es decir, se da el siguiente paso que transforma las razones de supervivencia en ambición ilimitada de poder y notoriedad.
¿Cómo y cuando, pero sobre todo cual fue la causa determinante que hizo que estallara en México tan despreciable fenómeno a niveles insospechados en los últimos años? Semejante interrogante no puede hallar respuesta en unos cuantos renglones, se tendrían que derramar ríos de tinta y toneladas de papel para registrar, si se quiere almacenar en la memoria colectiva de modo que de llegarse a superar no vuelva a suceder, todo aquel dato que permita entender, primero las características y el diagnóstico de la enfermedad y después, iniciar la búsqueda ordenada de la cura. Así es lo cotidiano en las sociedades latinoamericanas, nada es sencillo, aún aquello que por su naturaleza debiera serlo, todo puede ser susceptible de ensancharse hasta alcanzar niveles impensados sin importar si era trascendente o no, solo basta que sea tocado por la vara de la política y hordas de demonios se asirán al anarquismo que es propio de las calamidades sociales intemporales para impedir que encuentren solución.
El papel de los gobiernos, de los tres niveles de gobierno, actores inexcusables en este escenario trágico, es sumamente cuestionable, y lo es además desde una gran diversidad de puntos de vista, así pues, y con ello incursiono en el caso del Estado de Aguascalientes, ciudad que durante mucho tiempo no fue alcanzada por el flagelo del narcotráfico y sus efectos colaterales, el gobernador del Estado brilla por una táctica ausencia subrepticia que le ha permitido conservar el respeto catedralicio que le profesa tanto el activo ejército burocrático, genuflexo por naturaleza ante su creador, como los amplios sectores populares que tienen importante presencia en la entidad, la misma nutrida masa popular a la que sedujo en 2004 para que lo encumbrara en lo más alto del Poder Ejecutivo del Estado.
Esta extraña ambivalencia del poder que se concentra en el ejecutivo estatal y su política de derecha conformada por un solo hombre, esta constituida por un lado, por el poder político amasado mediante el uso de mil artimañas y alianzas políticas con afines y adversos a su ideología, que le ha permitido colocar en sitios estratégicos en los tres poderes locales a sus lacayos, a través de los cuales puede manipular gran cantidad de decisiones trascendentales para la vida del Estado, y por otro, el inconcebible (al menos así lo es para las clases bajas) poderío económico perfectamente separable del cargo que ostenta. De ambas formas de poder no se priva el funcionario del placer de exhibirlo a lo largo y ancho del territorio estatal, pero cuando se trata de asuntos que poco o nada tienen que ver con la buena imagen de su persona o de las obras públicas que en abundancia preconiza, entonces tiende a ocultarse del ojo social o recurre al discurso chatarra que nadie escucha ni entiende y que por lo demás es prescindible, “Si no puedo evadir el tema diré a los medios que osen cuestionarme, algo que no tenga necesidad de demostrar” Así pensaría un político cualquiera en estos tiempos, (como ha ocurrido desde tiempo inmemorial) de igual forma lo hace cualquier “luisarmandista” de primer nivel de lunes a viernes.
A esta doble forma que tiene el ejecutivo local de abastecerse de poder y de cumplir con sus caprichos, (su séquito los llama “programas de gobierno”) viene a unirse una más, esta última es de reciente génesis, que si bien no es tan palpable como el poder político y el económico, culmina con encumbrar aun más a la persona del gobernador, me refiero a la rumorología, única ciencia bien dominada por todos los mexicanos, que hace gravitar en todo el Estado la idea de que detrás de los hechos sangrientos ocurridos principalmente en la capital desde que arribó a la gobernatura, está el gobernador mismo. Así pues, es muy común escuchar en los taxis, en las escuelas, en las oficinas, en las conversaciones secretas en las juntas de padres de familia, en los bares etc., decir frases como “El gobernador es quien está ordenando todas esos asesinatos de policías municipales” o como esta otra: “Él es el mero narco y está tratando de impedir que algún cártel le arrebate la plaza”, algunas mas osadas dicen: “El gobernador está en complicidad con algún cartel y hasta se da el lujo de brindarles protección para que se movilicen sin problemas por la ciudad, si no porque creen ustedes que hasta el momento solo han sido asesinados puros municipales y nunca un policía estatal”, “Es un cocainómano, yo lo he visto bien pasado de harina, y hasta ha golpeado a Carmelín varias veces, y por orden suya se cerraron los accesos de todo un hospital privado para que pudieran atenderla sin que se supiera nada”, entre muchas otras, todas oscilan entre lo ridículo y la fantasía, entre lo real y lo imaginario, entre lo político y lo cotidiano, todas devienen de la creencia de que si el gobernador lo puede y lo controla todo, entonces él está detrás de todo o es uno de los principales involucrados. A ello se suma también la actuación insultantemente servil de “Telegober” (Se tendría que decir Radio y televisión de Aguascalientes si sólo se lee la etiqueta en el producto sin abrir la tapa para ver el contenido) que se dedica a proferir al gobernador en todo momento, todo el incienso político de que es capaz un medio de comunicación oficial, ya ocultando o desfigurando información adversa al régimen, ya engrandeciendo las pequeñeces que a favor de los desprotegidos escurren a cuenta gotas desde palacio de gobierno, ya mostrando la indeseable imagen de la familia gobernante con el desempeño intruso y poco útil de la primera dama del Estado (Figura rigurosamente decorativa en la administración) en tareas sociales de bajo impacto. Si la actitud oficial está maquillada de democracia y preocupación real en la problemática del Estado, es para beneplácito de la clase política leal al partido unipersonal y el aseguramiento del control absoluto del aparto ejecutivo, así es como se ha intentado mantener el equilibrio de la sociedad ante los hechos, que no es otra cosa que meter la basura bajo la alfombra. Porque el gobernador, extraño y omnipotente rey que intenta gobernar en más de un palacio y más allá de sus dominios (Palacio de Gobierno, de Justicia, Legislativo y una que otra presidencia municipal, asociaciones no gubernamentales y hasta un equipo de futbol) recibe de buen talante la noticia de que la rumorología le favorece, puede aprovecharse de ello, porque robustece la impresión generalizada desde que llegó a la gobernatura de que en Aguascalientes: “Nadie por encima del gobernador, nadie contra el gobernador”, así nadie osará atentar contra sus intereses, pues temerán ser severamente reprimidos.
Todo esto es importante señalarlo, virtud al extravío de certezas que todo gobierno debe garantizar a sus súbditos, por mil razones: estabilidad social, laboral, cultural etc., si consideramos que un gravísimo fenómeno consistente en la veloz, progresiva y sistemática destrucción de bienes jurídicos que no distingue razas ni estratos sociales, ni apellidos ni religiones, (Así se podría definir en un diccionario moderno el problema de inseguridad pública) azota impunemente en toda su longitud al Estado, toca preguntarse si alguien está procurando una solución objetiva, parece ser que nadie. La adquisición de equipo policiaco y su consiguiente preconización mediática ha sido notoriamente insuficiente, por la imposibilidad que se tiene de decir que inútil, y por lo tanto no redime a los gobernantes del deber de buscar exhaustivamente la cura de la enfermedad. Los sptos que jubilosos sobrevuelan la ciudad por todos los medios posibles, que de manera absurda se transmiten a la par de las noticias de salvajes persecuciones, tiroteos y ejecuciones sin la captura de responsable alguno, ridiculizan ante la opinión pública a los encargados de mantener la tranquilidad urbana y los alejan apresuradamente de la confianza que se les debiera tener. Pronto esa desconfianza se extenderá de los servidores públicos a las instituciones que representan, provocando con ello que nadie acuda a solicitar que le sea administrada justicia según lo dispone la Constitución.
No hay, aparentemente, una explicación asequible para el grueso de la población, que traiga a la luz el porqué el desmedido incremento de hechos sangrientos en la ciudad a partir de 2004, si bien antes ocurrían, no alcanzaba para decir, ni siquiera para el lenguafácil de aquella “mexicanísima estación de radio” (autonombrado a capricho “periodista”) que la tranquilidad de la ciudad se había transgredido gravemente, eran pues, lamentables pero eran también situaciones de excepción, entre ellas resaltan el asesinato de un pequeño de escasos años de vida y arrojado a un contenedor de basura en un barrio marginal de la ciudad, numerosos suicidios, trágicos accidentes automovilísticos, entre otros de igual gravedad y trascendencia. Lo cierto es que el tan decantado “Estado de diez”, ensalzado antes, durante y después de la campaña luisarmandista ha devenido sí, en un “Estado de diez” pero valdría decir mordazmente que es un Estado de diez ejecuciones semestrales impunes, diez fraudes mensuales, diez homicidios, etc., sin contar el extraño “suicidio” de un magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado.
No caeré deliberadamente en un error histórico de culpar al régimen en turno de toda calamidad que abraza, en este caso, al Estado de Aguascalientes, eso es sólo lo que considero, entre muchas otras cosas, lo que puede atribuírsele a la mala organización, operación y vigilancia de un gobierno, ampliamente rebasado por la inteligencia criminal, quien al haber notado su superioridad delante del régimen ha abusado de sus acciones y las ha llevado a terrenos minados desde el punto de vista jurídico, político y social. Quienes sirven al sistema del crimen organizado se han dado perfecta cuenta, si es que no lo planearon así, que han infundido un verdadero pánico tanto en las administraciones y sus instituciones como en la población en general, y están sacando de ello todo el provecho que les es posible: Adquisición de armamento cada vez más sofisticado, campos de acción y dominio cada vez más extensos, objetivos cada vez más ostensibles y aventurados, etc. Todo ello ha incrementado su ambición de posicionarse así de manera permanente y de alcanzar un estrato de poder económico-fáctico sustraído y ajeno, y sobre todo muy por encima de los gobiernos y sus minúsculos esfuerzos por detenerlos; si antes la imagen convencional de un delincuente incluía un antifaz para ocultar su identidad, ahora los antifaces los utilizan a diario los elementos de la policía municipal y federal además del ejército, principales antagónicos modernos del delincuente en este país, que ahora se muestra tal cual es, sin temor de la captura, si es que acaso se intentara ésta.
Además de la imperdonable deficiencia gubernamental, hay un factor más que abona a la catástrofe cotidiana y no solo a nivel local: La actitud generacional ante el alud informativo que ha sembrado conceptos nuevos para nuevos consumidores, así pues, es de uso común y ya se han integrado indiscutiblemente al diccionario popular, las palabras “sicario”, “delincuencia organizada” “ejecuciones masivas de policías” (y una que otra captura de asesinos para salvarnos de la “maldición de los rieleros”) entre muchas otras, que han permeado a la conciencia, cada vez más unificada, de una sociedad como Aguascalientes, tradicional y conservadora no radical por naturaleza, que ya se acostumbra lenta y eficazmente a que el fenómeno frecuente de los suicidios, que ya le daba una deshonrosa identidad a nivel nacional a la capital del Estado, ha sido desplazado febrilmente por el pánico atado a los medios de comunicación para seguir con rigor las especiales transmisiones policíacas y ser el primero en presumirle al vecino a amigo: “Fíjate que justo ahora hay un tiroteo en tal rumbo de la ciudad y mataron a dos policías”. Todo ello con el consabido riesgo de arrullar a la inanición que impide pensar en si es necesaria o no la búsqueda exhaustiva de una solución contundente al respecto y no tener que enterarse de masacres de uniformados, del cinismo insolente y desafiante de los sicarios y las cada vez más frecuentes víctimas inocentes y ajenas a la guerra que se libra por el control territorial y económico de la zona. Buen espacio es éste para denostar la ejecución de policías desarmados con la habitual saña inaudita (el arma de cargo de los oficiales es ridícula ante los fusiles de asalto de los asesinos), personas secuestradas, mutiladas y asesinadas y la inhumana ejecución de una niña de 9 años, que recibió la inmisericorde muerte que es diga pero de sus asesinos.
Tal actitud generacional sin embargo, tiene sus excepciones, que sin consistir propiamente en una preocupación prioritaria promovida por algunos sectores, sí en cambio es un primer paso, así pues, algunos estratos sociales han realizado marchas, protestas, han escrito sobre el tema tratando de tocar a las puertas de las clases pensantes; el sector empresarial por ejemplo, cuyo poder económico es un eficaz imán de secuestradores, y que también se ha visto seriamente afectado en sus bienes jurídicos, al unísono han exigido sistemáticamente a las autoridades una respuesta real y prometedora de resultados a corto y mediano plazos. Me permito sugerir desde este silencioso y modesto ensayo, que el tema ya se incluya en las escuelas de todo nivel, donde se siembre la semilla de la paz a través del respeto al derecho ajeno.
Se alude a esto para completar así las tres vertientes más visiblemente involucradas en la obligación ineludible de la búsqueda efectiva de la solución si se quiere evitar que los muros de los gobiernos en su conjunto se cimbren ante la ira nacional, motivada principalmente por la indiferencia oficial con que es tratada la población. Esto nos lleva a concluir que se debe compartir la responsabilidad tanto en las causas como en las consecuencias y desde luego, en las soluciones, de tal suerte que se comprenda que hemos llegado a este punto primero, por la organización estatal decadente y superada oprobiosamente por la delincuencia organizada que ostenta tácticas operativas altamente eficaces y de ello hay numerosas pruebas.
La participación del gobierno a todos los niveles, que contribuye a que prolifere el afrentoso fenómeno, deriva de varias causas bien conocidas por todos:
El Poder Judicial requiere urgentemente reformas que permitan la adecuación de las leyes a la realidad que se vive y que permita la eliminación inmediata de la practica que, por un lado, refleja que la Constitución permite toda clase de beneficios a los presuntos responsables de la comisión de delitos de cualquier gravedad, ello porque en la época del constituyente de 1917, lo cotidianamente urgente de solucionar era el hecho de que la libertad se veía frecuentemente vulnerada por las autoridades, sin observar formalidad esencial alguna en sus procedimientos, era necesario pues, resguardar tal derecho fundamental de los ciudadanos ante los ataques sistemáticos del gobierno. Empero ahora, en el siglo XXI, cuando ya no existe como tal la problemática que motivó la creación de toda una estructura jurídica de defensa ciudadana llevada a la categoría de garantía individual, lo que genera es que la impunidad anide permanentemente en la ley, trayendo como consecuencia que se desfigure la finalidad para la que fue creada, y que al extraviarse así, se convierte en parte toral del problema. Por otra parte, el engaño consistente en creer que si se agravan las penas en la legislación penal se solucionará el problema, debería ser sustituido por la creencia en la efectividad de aplicar adecuadamente las que ya existen y son burladas con sus propias deficiencias.
El Poder Legislativo, secuestrado desde siempre por pandillas políticas de escasa ilustración académica y moral, podadas de ideas, y que aun mantienen el monopolio de la toma de decisiones “útiles a la nación”, ha vuelto eterna la espera de las tan ansiadas reformas. A lo más, sólo justifican su presencia en el recinto legislativo revolcándose por reformas menores a la Constitución o a leyes secundarias que, si bien son importantes, pueden esperar un poco mientras se resuelve el peligro que acerca a pasos agigantados al Estado a la ingobernabilidad. En tanto ello pasa así, en el país se aniquila la tranquilidad de la ciudadanía, se arrincona a los más desprotegidos y se le abren las puertas de las celdas para su libertad a quienes habiendo cometido toda clase de atrocidades, gozan y se aprovechan sin embargo, de la ausencia dramática de modernos mecanismos legales para su procesamiento, provocado principalmente por el estreñimiento legislativo mexicano. En el caso de Aguascalientes, no parece algo factible que de los muros de Palacio Legislativo salga un día la noticia de que se ha concretado una reforma en materia penal que suministre a las autoridades encargadas de la administración de justicia, herramientas efectivas para que el “peso de la ley” sea tanto, que una vez que haya caído sobre el autor de un crimen, quede inmovilizado y reducido al encarcelamiento (medio de represión más violento del gobierno para el mantenimiento del orden de las cosas y escarnio para los que osen vulnerarlo, haciendo a un lado la utópica readaptación social), las víctimas sean debidamente resarcidas en el daño sufrido en lo que sea posible, y la finalidad de la justicia sea cumplida en toda su magnitud, una reforma que le imprima energía y movilidad a la Procuraduría de Justicia del Estado y sacuda del Poder Judicial toda clase de prejuicios y costumbres poco útiles, que remueva escombros jurídicos olvidados hace ya varias administraciones. ¿Y porque no aspirar a ello? Si bien es cierto, en la génesis del Derecho primero debe darse la fuente real que lo motive y después acogerla la ley en sus disposiciones, había que pensar en la posibilidad de una reforma que se anticipe a los fenónemos delictivos y se adapte rápidamente al cambio de circunstancias, al avance previsible de los modos de operar de quienes se dedican a lesionar bienes jurídicos y la paz pública.
El Poder Ejecutivo por su parte, que siempre se deposita en quien menos se debe, en el más carismático, en el mejor actor, en aquel que crea que los sofismas deben suplir a la inteligencia, mas nunca en un verdadero estadista, pierde valioso tiempo y oportunidades reales de devolverle al Estado lo que se le encomendó hacer: La materialización de un crecimiento en todas sus variantes de manera ordenada y permanente, además del aseguramiento de un bienestar social tangible mediante la sana administración de los recursos y su correcta aplicación. Tiempo que por lo demás, se escurre por las coladeras de los medios de comunicación, en la oscuridad de “las encerronas”, de la pose, de la paranoia política, de la fotografía oficial en cada exhibición de quien pretende asumir poderes sacerdotales para que nadie cuestione los dogmas políticos que le sirven de escalones para su llegada a otras posiciones. En lo personal me resulta indignante que ningún ejemplar de ningún partido en ninguna etapa cercana y posterior a la caída del PRI, sea lo suficientemente osado para intentar aquello que otros rehúsan hacer temerosos del fracaso, lo que otros que habiendo tenido la oportunidad en el momento indicado prefirieron acudir presurosos a ocupar su lugar en el podium de las clases mediocres, desde donde arrojan saliva convertida en palabras (ellos lo llaman opinión) que nadie les ha pedido y que nadie escucha excepto aquellos que quieren tomar el lugar que han dejado. ¿Que significa esto? Que el ejecutivo federal y local son escenarios donde se monta un teatro degradante, con actores fétidos, en un show sin un público sensato, una demostración de inopia que nadie aplaude, que nadie necesita, que no soluciona nada, que se suma a los infortunios, tal cosa es la política en México: Una costra ingente y aparentemente indestructible.
Si el gobierno no puede ocultar su deber y sus responsabilidades ni las puede arrojar al plato de otro para su ingesta, la sociedad, entendida ésta como la integración de todas las personas, de todos los estratos, de todos los partidos, de todos los lugares, de todos los intereses y pasiones, en general, de todos los individuos con derechos y obligaciones a que se tiene legítimo derecho a aspirar, también debe llegar a tiempo a su cita con la solución de la enfermedad que le aqueja y le asfixia, que le impide vivir en un ambiente deseable, libre de peligros y llena de espacios para todos. No basta la censura mediática del incremento delincuencial y su creciente desafío, no basta aceptarlo ni pretender que el gobierno asuma el papel de padre preocupado por la prole, el ensueño de un Estado protector palidece ante el apetito voraz de los cárteles de la droga y de sus aliados, de toda clase de apátridas dispuestos a conservar el lugar que le han robado a la sociedad para existir, para operar sus intereses y para eliminar cualquier obstáculo en su camino. Debe sembrarse en el ideario colectivo la mentalidad consistente en la conveniencia de la conservación del orden y la paz pública, donde cada individuo goza de un espacio para la consecución de sus fines personales, pues de lo contrario nadie crece, nadie alcanza sus metas, nadie está seguro en ninguna parte, porque los espacios públicos han sido ocupados por intereses cada vez más privados, los derechos han sido aniquilados por resultar estorbosos para unos cuantos, porque la ley no tiene capacidad de revertir el problema, porque se acerca la sociedad a una situación de ingobernabilidad como ocurre en algunos países de Latinoamérica. Nos convertimos apresuradamente en un campo de batalla entre los sin ley y los obligados por la ley, en cuyo fuego cruzado se ubica sin protección alguna la ciudadanía.
Si no se asoma por alguna parte en el mediano plazo por lo menos, una posible solución a tan aciago conflicto, que ha derruido la seguridad pública en todo el país, pueden preverse algunos posibles escenarios:
Por un lado, lo que primero había que esperar es el avance escandaloso del conflicto y la escasa respuesta gubernamental. También hay que esperar que termine el proceso electoral de 2009 en México donde se desviará mucha atención y toda clase de recursos, así como observar detenidamente el tipo de gobierno que emprenda el nuevo presidente de los Estados Unidos y el resultado de la llamada Iniciativa Mérida, pues aunque sea en menor escala, ya es un avance que aquel país haya asumido parte de su responsabilidad en el caso de la inseguridad en nuestras ciudades al ser el principal proveedor de armamento bélico a los cárteles mexicanos de la droga sin restricción alguna por parte de ninguna autoridad de ambos países, y ser el principal mercado de la distribución de la droga de manufactura latinoamericana y que se transporta por territorio mexicano para llegar a las urbes norteamericanas. Al destinar recursos económicos periódicamente a México para que éste sea el encargado de administrarlos y aplicarlos en el combate regular al crimen organizado, se espera que produzca resultados tangibles en el corto plazo, el equipamiento principalmente militar y policiaco será sin duda, una de las primeras acciones del gobierno mexicano.
Por otro lado, si todo lo anterior resultare ser una farsa electorera y una treta más de los norteamericanos para imponerse como siempre a nuestro pueblo, desconociendo su soberanía y sus fronteras, entonces todo seguirá intacto y lo que podríamos esperar sería que algunos sectores radicales de la población, ante la ausencia de respuesta por parte de las autoridades comenzarán a tomar en sus manos la administración de justicia (cosa que actualmente prohíbe atinadamente el artículo 17 de la Carta Magna) tal como ya ha habido brotes en algunas regiones del sur. Se multiplicarán los linchamientos, se hará caso omiso de las instituciones y sus esfuerzos por contener el avance de la ira desmedida, y seguiremos viendo el temor y las precauciones del gobierno mexicano al no hacer uso del ejército más allá de lo que se ha venido utilizando. Las marchas de protesta se multiplicarán en todo el país y el desprestigio de los gobernantes, cualquiera que sea su filiación política y el partido del cual hayan emanado, se precipitará y alcanzará a aquellos que intenten promoverse para ocupar cargos de elección popular, que aunque no es algo novedoso, trascenderá dramáticamente al incremento de los niveles de abstencionismo en tiempos de elección. Quienes lleguen en estas condiciones al poder, lo encontrarán seriamente dañado si no es que herido de muerte, y se darán cuenta que tendrán que encontrar en alguna parte el talento político y la vocación de estadistas que les prometieron a sus electores y que no parecía tan difícil escapar a esa exigencia; aun con todo ello, el mal podría ser reversible con un poco de buena voluntad, con la unión de los centros de poder que en nuestro país abundan y pueden ser perfectamente operados sin al intervención de la política, ni interior ni exterior, si se lo propusieran.
Un tercer escenario más, éste en el largo plazo, podría ser el siguiente: Si se acerca pues, el fin del control político sobre los fenómenos que antes solía mantener arrinconados al ser el presidencialismo el único centro de poder capaz de hacerlo, (en eso consiste sin duda, uno de los principales indicadores e que se acerca la ingobernabilidad) entonces podría suceder el extremoso y nada deseable brote de grupos armados que alentados por los que ya existen impunemente (No sólo en México con el caso del EPR y el EZLN entre algunos otros, si no en otros países de Latinoamérica como es el caso de Colombia) y por la interacción previsible con estos grupos por parte del populismo que en 2006 dio muestras de que puede sacudir al más fuerte, pretenderán tomar paulatinamente el mayor control posible de territorios azotados por la delincuencia buscando hacer lo que la policía no tiene capacidad de hacer, al ejército se le prohíbe y los gobiernos locales y federal han ignorado en prejuicio de sus gobernados: El exterminio de la delincuencia organizada a cualquier costo y las tareas de autodefensa.
Estos grupos al igual que los criminales, para conseguir sus fines, eventualmente se apartarían de las “puertas giratorias” de los reclusorios, de la pereza burocrática de las procuradurías, de las deficiencias en la legislación penal y del acostumbrado temor de los gobiernos por la toma de decisiones importantes que en materia de política interior impliquen trastocar, por parte de funcionarios de primer nivel, intereses debidamente agrupados y organizados bajo un mando idealista. La respuesta del gobierno federal, se dividiría en varias vertientes, pues por un lado tendría que continuar desplegando tropas de élite en zonas estratégicas e implementará campañas de desarme de la población a cambio de otros satisfactores, además nombraría comités que busquen la negociación política con los principales involucrados y con aquellos cuya opinión ejerza un peso decisivo. El narcotráfico y todas las formas de la delincuencia organizada (Bandas dedicadas al robo de autos, robos cibernéticos, redes de prostitución, piratería etc.)nos mostrarán su mejor armamento y sus relaciones con personajes políticos y la medida en que pueden incidir en la corrupción, y todos darán a conocer su máxima capacidad de fuego, de reacción y sobre todo, de organización. Los ayuntamientos inevitablemente continuarán sufriendo bajas en sus cuerpos policíacos ante la dramática escasez de recursos propios y los que se deberían destinarles para medio equipar a sus oficiales; sin duda son por mucho, el punto más débil por donde se rompe la cuerda.
Aguascalientes sería sin duda, de las últimas ciudades en que se concrete el escenario caótico que acabo de describir, al menos hasta que se convierta realmente en una zona estratégica y de sumo interés para alguno de los involucrados en esta guerra. Si la problemática causará que en el extranjero se nos tilde de ser un país con un ambiente sumamente hostil y poco propicio para el turismo y la inversión, en esta ciudad amortiguará en mucho la promoción que se ha venido haciendo de las bondades del Estado dentro y fuera del territorio nacional con la Feria Nacional de San Marcos, (uno de los principales resumideros de recursos económicos locales, foráneos y hasta extranjeros), sitios turísticos recientemente en crecimiento y el flujo constante de capitales extranjeros al interior del Estado derivado de la calidad y costos de la mano de obra locales y algunos beneficios fiscales.
Es por todos conocido que en la guerra armada las leyes callan, y por desgracia México hoy por hoy es un campo de batalla, y ojalá no demore demasiado que las acciones del gobierno se adapten a las tácticas del enemigo, cuyas maniobras han evolucionado rápidamente, ahora debemos hablar de “narcoterrorismo”, que busca por todos los medios amedrentar al sistema, porque nunca es conveniente para un Estado que las hostilidades se prolonguen indefinidamente, porque el ánimo de los hombres decae, el tesoro se vacía, el gobierno pierde progresivamente el control y se queda a merced del enemigo. Es la guerra que el pueblo mexicano debe ganar, en la que el Estado debe prevalecer, nadie debe arredrarse, ni las policías (donde se sabe que en algunas corporaciones ya comienzan a causar baja en número progresivo sus elementos de manera voluntaria, ante el temor de convertirse en la próxima víctima del sicariato), ni en las fuerzas castrenses, ni en las administraciones y desde luego, ni en la sociedad civil.
Mientras tanto, seguiremos viendo hecatombes periódicas con las que el delincuente organizado cobre su cuota de asesinatos y siga manteniendo a raya a las autoridades estatales y municipales, y seguiremos condenados a escuchar en los informes de gobierno, convertidos en rituales sacramentales, los empavesados discursos de panistas y prisitas empecinados en convencernos de que están haciendo lo posible para remediar la situación. El poderío económico y la corrupción aparejada en el gobierno, seguirán alimentando al monstruo de la delincuencia organizada, y las armas de alto poder en manos de grupos apátridas les permitirán monopolizar por tiempo indefinido el poder de decidir entre la vida y la muerte, entre la cobardía del mercenario (incluso de sus versiones pitaras, pues en medio de la psicosis consecutiva a las hostilidades delincuenciales, ocurre que cualquiera que roba un agujero de una regadera o ignora una señal de alto, al ser detenido amenaza con ejecutar a sus captores si no lo liberan, pues pertenecen a algún cártel, o son “zetas”, o cosas por el estilo, confiando en que, ante la duda, la policía decida no meterse con ellos) y el historial de trabajo de los buenos elementos de las policías, entre la justicia y la venganza, entre el Estado de Derecho y la ley de la selva, entre el delincuente civil y el uniformado. Por lo pronto seguiremos tratando de evitar salir a las calles a vivir, no queda más remedio que tomar precauciones domésticas y confiar en la suerte o en las deidades religiosas, hay que aprender a huir con destreza de los depredadores urbanos, hay que esperar a que el Estado recobre el control de la situación y las instituciones que ha erigido para la protección de la población se fortalezcan, cuando eso suceda, nos toca fomentar la cultura de la denuncia, porque entonces habrá la certeza de que el que ha sido víctima de otro, puede estar seguro de que encontrará justicia y se le resarcirá el daño causado, y el victimario pagará su deuda con él y con la sociedad a la que irrespetó, a la que debe ser de utilidad. Que así sea de ahora en adelante, para escarnio de los que osen desestabilizar la seguridad nacional y la tranquilidad de los pueblos en México.
